Las cooperativas de electricidad nucleadas en la Confederación señalaron que, según la norma recién sancionada por el Congreso, aquellos que no cuenten con recursos para generar su propia energía terminarán subsidiando el sostenimiento de la red que todos necesitan.
Las cooperativas de electricidad nucleadas en la Confederación señalaron que, según la norma recién sancionada por el Congreso, aquellos que no cuenten con recursos para generar su propia energía terminarán subsidiando el sostenimiento de la red que todos necesitan.
Las cooperativas, que autoabastecen de electricidad a más de 600 localidades desde hace nueve décadas, manifiestan su preocupación por las inequidades que encierra el flamante Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
Sancionado por ley del Congreso Nacional esta semana, ese instrumento establece un modelo de balance neto de facturación en donde no se podrá añadir ningún cargo por mantenimiento de la red. En un comunicado surgido de la Comisión de Servicios Públicos y aprobado por el Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa (Cooperar) este viernes, se recuerda que existe desde el sector “un fuerte compromiso con la generación de energía renovable”, materia en la cual estas empresas han sido pioneras.
“Como entidades gestionadas por la comunidad, tienen un gran potencial para comprometer a todos los usuarios en el objetivo de lograr una matriz energética ambientalmente sostenible. No obstante, dada la estructura tarifaria a la que deben sujetarse las cooperativas, esto implicará que aquellos que no cuenten con recursos para generar su propia energía, terminarán subsidiando el sostenimiento de la red que todos necesitan en un sistema integrado como el que se propone.”
Desde Cooperar se había pedido a los senadores modificar el proyecto en este sentido. Las expectativas están puestas ahora en promover una modificación de la ley, lograr adhesiones parciales al Régimen por parte de las provincias o encontrar propuestas reglamentarias que eviten lo que sería una profundización de las inequidades sociales y territoriales que afectan al sistema eléctrico nacional.